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Guías · 9 min de lectura

Cámaras de seguridad en el consorcio: quién ve las grabaciones.

Ninguna norma nacional dice quién puede ver las grabaciones de las cámaras de un edificio. La Disposición 10/2015 prevé informar con carteles, inscribir la base de datos, tener un manual y proteger el acceso; lo demás lo define el consorcio, y lo más ordenado es que lo resuelva la asamblea y quede en el acta.

Equipo CONSO · Revisado por Valentín Domecq · Publicado el 13 de noviembre de 2026 · Cómo escribimos

REC VIDEOVIGILADO

00 · La respuesta corta

Qué exige la ley y quién decide el acceso

Ninguna norma nacional dice quién puede ver las grabaciones de un consorcio. La Disposición 10/2015 prevé informar con carteles, inscribir la base de datos, tener un manual y tomar medidas contra la consulta no autorizada. Quién accede, y cómo, lo tiene que definir el consorcio; en la práctica conviene que lo resuelva la asamblea y quede en el acta.

Las reglas de datos personales son nacionales y valen en todo el país; el RECAVIP y el mínimo de treinta días de conservación son de la Ciudad de Buenos Aires. Esta nota se ocupa de las cámaras del consorcio en las partes comunes. Qué hacer si un vecino te pide ver un video, o si la cámara es de otro vecino, está más abajo.

ObligaciónNormaQuién la cumple
Informar con un cartel visible (la vía que prevé la Disposición): que hay cámaras, para qué se graban y quién es el responsable, con domicilio y contactoDisposición DNPDP 10/2015, Anexo I, art. 1; el modelo de cartel (art. 2) fue sustituido por la Res. AAIP 38/2024, BO 02-02-2024El responsable de la base de datos
Inscribir la base de datos de las imágenes en el Registro Nacional de Bases de Datos, con el manual adjuntoDisp. 10/2015, Anexo I, arts. 6 y 7El responsable de la base de datos
Manual de tratamiento: cómo se recolecta, dónde y cuándo operan las cámaras, plazo de conservación, seguridad, derechos de los titularesDisp. 10/2015, Anexo I, art. 7El responsable de la base de datos
Fijar cuánto tiempo se guardan las imágenes y borrarlas al vencer ese plazoDisp. 10/2015, Anexo I, art. 3El responsable de la base de datos
Seguridad y confidencialidad: evitar la consulta no autorizadaDisp. 10/2015, Anexo I, art. 4El responsable y cada persona que intervenga en el tratamiento
Dar acceso, rectificación o supresión a quien aparece en las imágenesDisp. 10/2015, Anexo I, art. 5; Ley 25.326, arts. 14, 15, 16, 17 y 19El responsable de la base de datos
En la Ciudad de Buenos Aires: guardar las imágenes al menos treinta días, si las cámaras toman imágenes del espacio público o de acceso públicoLey 5.688, art. 497 (art. 485 en la numeración original); Decreto 312/2018, Anexo, art. 485Toda persona privada o pública no estatal titular de la cámara
En la Ciudad de Buenos Aires: registrar en el RECAVIP las cámaras que toman imágenes del espacio público, respetar las especificaciones técnicas y dar conectividad cuando la autoridad lo pida (el incumplimiento es una falta)Ley 5.688, arts. 499 y 500 (ex 487 y 488); Res. 826/2019 del Ministerio de Justicia y Seguridad porteñoLos titulares de los establecimientos privados o quienes los posean por cualquier título; si una prestadora de seguridad privada monitorea las cámaras, la prestadora inscribe
Decidir la instalación y quién puede ver las imágenes (práctica, no obligación expresa)Ninguna norma que leímos lo exige para cámaras; se apoya por analogía en el CCyC, arts. 2051, 2060 y 2062La asamblea; el administrador ejecuta lo resuelto (art. 2067, inc. b)

¿Quién es «el responsable»? La Disposición habla del «responsable del tratamiento» y no aclara si es el consorcio o su administrador. Nuestra lectura: la Ley 25.326 (art. 2) define al responsable como la «persona física o de existencia ideal pública o privada, que es titular de un archivo, registro, base o banco de datos», y el CCyC (art. 2044) establece que el consorcio es una persona jurídica; si la base de imágenes es del consorcio, el responsable sería el consorcio. Ninguna de las dos normas lo dice para cámaras: confirmalo con la AAIP, que lleva el Registro Nacional de Bases de Datos, o con un abogado, antes de inscribir.

01

¿Es legal que solo el administrador y el consejo vean las grabaciones?

Puede ser legal, pero no porque una norma nacional lo diga: ninguna lo dice. La Disposición 10/2015 no nombra quiénes pueden ver las imágenes; exige medidas contra la consulta no autorizada y confidencialidad para todos los que intervengan. En la Ciudad, la Ley 5.688 suma reglas para las cámaras que captan el espacio público (más abajo).

El texto es este: el responsable «deberá adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado». La obligación «alcanza a las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos» y sigue después de que termine su relación con el responsable (Disp. 10/2015, Anexo I, art. 4). Es todo: no hay una lista de quién sí y quién no.

Otra regla importante es la finalidad: las imágenes «no podrán ser utilizadas para una finalidad distinta o incompatible a la que motivó su captación» (art. 2). Si las cámaras están para seguridad, pasar un video por el grupo de WhatsApp del edificio para identificar a un vecino es el riesgo típico de usarlas para otra cosa.

Qué agrega la Ciudad de Buenos Aires: la Ley 5.688 sujeta al Libro VII las cámaras de establecimientos privados que captan imágenes del espacio público (art. 498), y ese Libro prohíbe «la cesión o copia de las imágenes» salvo en los supuestos que él prevé, los que se dispongan por vía reglamentaria o «en el propio interés del titular» (art. 495). Si el art. 495 alcanza a un consorcio es discutible: su primer párrafo restringe el acceso a funcionarios que determine el Poder Ejecutivo, y está pensado para el sistema público. Es nuestra lectura, no el texto de la ley.

Cómo dejarlo ordenado (práctica, no norma). Como la Disposición no decide por vos, conviene decidirlo en conjunto:

  1. La asamblea aprueba la instalación y la regla de acceso: quién puede ver (por ejemplo, el administrador y dos miembros del consejo), en qué casos (un hecho concreto de seguridad) y cómo se deja constancia de cada consulta.
  2. Se asienta en el acta. El Libro de Actas de Asamblea es obligatorio (CCyC, art. 2062).
  3. La misma regla va al manual que se adjunta a la inscripción, porque el manual tiene que describir las medidas de seguridad y confidencialidad (art. 7).
  4. El administrador ejecuta lo resuelto (CCyC, art. 2067, inc. b) y no entrega imágenes fuera de esa regla.

Ninguna norma dice expresamente que instalar una cámara sea una «obra nueva» que requiera mayoría (CCyC, art. 2051: mejoras u obras nuevas en partes comunes, con consentimiento de la mayoría de los propietarios y previo informe técnico de un profesional autorizado). Si la instalación es fija y toca partes comunes, lo prudente es tratarla como tal; cómo se computa la mayoría lo explica el art. 2060 y está desarrollado en cómo participar de la asamblea con carta poder.

02

¿Qué tiene que hacer el consorcio cuando instala cámaras?

Cuatro cosas: informar con un cartel, inscribir la base de datos de las imágenes con su manual, definir cuánto tiempo se guardan y proteger el acceso. No hace falta el consentimiento de cada visitante si las cámaras están dentro del predio, no invaden a terceros ni la vía pública y no son una intromisión desproporcionada, pero sí informar.

La excepción al consentimiento, siempre que la recolección no implique «una intromisión desproporcionada en su privacidad» (Anexo I, art. 1, tercer párrafo), es la del inc. c: datos recolectados «dentro de un predio de uso propio ... y/o su perímetro sin invadir el espacio de uso público o de terceros, salvo en aquello que resulte una consecuencia inevitable», restringido «al mínimo necesario» y con «mecanismos razonables» para que el público se informe. La Disposición no fija un plazo para cumplir; lo prudente es tener todo listo antes de encender las cámaras.

  1. Antes de instalar: la asamblea aprueba las cámaras y la regla de acceso (ver arriba).
  2. Al instalar: informar, con un cartel. El requisito de información previa «podrá lograrse a través de carteles» que indiquen con claridad que hay cámaras, para qué se graban y quién es el responsable con su domicilio y datos de contacto; no hace falta indicar dónde está cada una (art. 1). La AAIP ofrece el modelo editable en su página de videovigilancia.
  3. Inscribir primero al responsable y después la base: son dos trámites en Trámites a Distancia, con clave fiscal, gratuitos, y la inscripción no vence (hay que actualizarla si cambian los datos). La Disposición manda adjuntar el manual (art. 6).
  4. El manual: forma de recolección; lugares, fechas y horarios en que operan; plazo de conservación; medidas técnicas de seguridad y confidencialidad; cómo se atienden los derechos de acceso, rectificación y supresión (art. 7).
  5. En la Ciudad de Buenos Aires: además, el RECAVIP (más abajo).

Sobre los datos del consorcio en general, esta guía complementa a seguridad de datos en la administración de consorcios.

Guía del vecino: tus 10 derechos frente al consorcio y al administrador (PDF)

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03

¿Cuánto tiempo se guardan las grabaciones?

En la Ciudad de Buenos Aires, si las cámaras toman imágenes del espacio público o de acceso público, las imágenes se guardan treinta días como mínimo (Ley 5.688, art. 497). Fuera de ese caso, la Disposición 10/2015 no fija un número de días: el responsable determina cuánto sirven, lo escribe en el manual y las elimina al vencer.

El art. 497 (art. 485 en la numeración original de la ley, la que usa el Decreto 312/2018) dice que los establecimientos privados con cámaras en espacios de acceso público «están obligados a guardar las imágenes que registren por el término mínimo de treinta (30) días, las que podrán ser requeridas por autoridad judicial en caso de existir una investigación de un hecho ilícito en curso». El Decreto 312/2018 (Anexo, art. 485) aclara que la obligación recae sobre «toda persona privada o pública no estatal titular de una cámara de video vigilancia que tome imágenes del espacio público o de acceso público». Si las cámaras de las partes comunes de un edificio cuentan como espacio «de acceso público» es algo que el texto no responde; nuestra lectura es que, si registran el hall de entrada o la vereda, conviene tomar los treinta días como piso.

Para todo lo demás rige el art. 3 del Anexo I de la Disposición: «deberá determinarse el tiempo por el cual resultará de utilidad el registro de las imágenes, y eliminarse las mismas una vez vencido el plazo». Además, las imágenes «atentatorias de los derechos de las personas (ej. intimidad)» se eliminan «en cuanto ello fuera constatado por el responsable o a pedido del titular del dato, lo que resulte primero».

Lo que sí es un error es no tener plazo: es un dato obligatorio del manual (art. 7) y la regla de borrado forma parte de la licitud del tratamiento. Por encima del mínimo de la Ciudad, o donde ese mínimo no rige, la cifra concreta la elige el responsable según para qué le sirven las imágenes.

04

¿Cómo pide un propietario ver una grabación?

Un propietario puede pedir las imágenes en las que aparece él (derecho de acceso), no mirar todo el archivo. El responsable debe contestar dentro de los diez días corridos de intimado fehacientemente, y el informe no puede revelar datos de terceros. Para ver el video de un hecho en el que no figura, ninguna norma nacional le da ese derecho.

El responsable «debe prever la entrega de la información personal que soliciten los titulares a través del derecho de acceso y su rectificación o supresión» (Disp. 10/2015, Anexo I, art. 5, con remisión a los arts. 14, 15, 16, 17 y 19 de la Ley 25.326). Por la Ley 25.326: la información debe darse «dentro de los diez días corridos de haber sido intimado fehacientemente» (art. 14, inc. 2) y «en ningún caso el informe podrá revelar datos pertenecientes a terceros» (art. 15, inc. 2).

  1. Hoy: pedilo por escrito al administrador, de forma que quede constancia de la recepción: quién sos (el titular debe acreditar su identidad, Ley 25.326, art. 14, inc. 1), qué fecha, hora y lugar aproximados, y que querés acceso a las imágenes en las que aparecés. En la misma carta pedile que conserve esas imágenes mientras tanto: si el plazo de guarda vence, pueden borrarse y no habrá qué entregar.
  2. Si no contesta: el Decreto 1558/01 (Anexo I, art. 14) admite que el pedido se haga por escrito con constancia de recepción; si tu primera carta la tiene, en nuestra lectura no hace falta una segunda y los diez días corridos corren desde ahí. Si no la tiene, intimalo de forma fehaciente (carta documento o un medio equivalente). El acceso es gratuito a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que acredites un interés legítimo (Ley 25.326, art. 14, inc. 3).
  3. Vencido el plazo: podés denunciar ante la AAIP, gratis, por Trámites a Distancia («Denuncia por incumplimiento Ley de Protección de Datos Personales»). Pide copia de tu solicitud con constancia de recepción y, para el acceso, que hayan pasado diez días corridos desde que el responsable la recibió. También queda expedita la acción de hábeas data (art. 14, inc. 2).

Si querés ver un video en el que no aparecés, por ejemplo el de un robo en el palier, la ley no te da un derecho de acceso. En la práctica, lo que funciona es hacer la denuncia policial o penal y pedirle al administrador que resguarde las imágenes para que las requiera la autoridad. Eso es un camino práctico, no una regla que diga la Disposición. En la Ciudad de Buenos Aires hay además un respaldo legal: el art. 497 de la Ley 5.688 manda guardar las imágenes al menos treinta días y dice que «podrán ser requeridas por autoridad judicial en caso de existir una investigación de un hecho ilícito en curso».

05

¿Quién registra las cámaras en el RECAVIP, en la Ciudad de Buenos Aires?

En la Ciudad de Buenos Aires deben inscribirse quienes tengan cámaras en espacios privados de acceso público o en establecimientos privados que capten el espacio público. Lo hace una persona humana responsable del establecimiento, salvo que una prestadora de seguridad privada monitoree las cámaras: entonces la inscribe la prestadora. Es online y gratuito.

Se registran «solamente la cantidad de cámaras que captan imágenes (total o parcialmente) del acceso público y/o del espacio público». No se piden datos técnicos: se declara la cantidad y si graban. El trámite pide el CUIT o CUIL de la persona humana responsable y un tipo de establecimiento; entre las opciones figura «consorcio». Al confirmar se emite una constancia en PDF con un Código Único de Declaración, que permite volver a descargarla. Para dar de baja una declaración, la página indica escribir a dgspr@buenosaires.gob.ar.

La Resolución 826/2019 del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño creó el registro en la Dirección General de Seguridad Privada, dentro del marco del Libro VII, Título IV de la Ley 5.688. Esa ley obliga a «los titulares de los establecimientos privados o quienes los posean por cualquier título» que instalen cámaras que tomen imágenes del espacio público a registrarlas, respetar las especificaciones técnicas que fije la autoridad y, cuando la autoridad lo solicite, proveer conectividad con el Centro de Monitoreo (art. 499, ex 487). El incumplimiento configura la falta del art. 11.1.17 de la Ley 451 (art. 500, ex 488). Esas cámaras integran el Sistema Público Integral de Video Vigilancia y la autoridad puede acceder a sus imágenes (art. 498). El art. 3 de la Resolución habla de cámaras «tipo domo o de tecnología similar»; el art. 499, inc. 1, de la ley no tiene ese límite, y la página del trámite se refiere a las cámaras que captan el espacio público: en nuestra lectura, lo que decide es que la cámara tome imágenes del espacio público o de acceso público.

La página del trámite no dice quién es esa persona humana en un consorcio, y el formulario pide el CUIT o CUIL de una persona humana. Una opción práctica, que no sale de ninguna norma, es que sea el administrador; confirmalo con la Dirección General de Seguridad Privada antes de declarar. Y declarar una cámara en el RECAVIP no autoriza por sí mismo a filmar un pasillo o el interior de las unidades: es nuestra lectura, porque ningún texto que leímos lo dice, y lo que se puede grabar lo marcan las condiciones de la Disposición 10/2015 (no invadir, restringir al mínimo, proporcionalidad).

Provincia de Buenos Aires y otras provincias. El RECAVIP no se aplica fuera de la Ciudad. En las fuentes oficiales que revisamos no encontramos un registro provincial equivalente para la Provincia de Buenos Aires, y no revisamos ordenanzas municipales: consultá al municipio. Las reglas de datos personales (cartel, inscripción, manual) son nacionales y rigen igual.

06

¿Qué hago si la cámara de un vecino apunta al pasillo o a mi puerta?

Pedile primero al vecino, por escrito, que la reoriente o la retire, y avisale al administrador. La Disposición 10/2015 permite grabar dentro del predio propio, pero no invadir el espacio de uso público o de terceros salvo lo inevitable. Si no cede, la vía más firme es la judicial (CCyC, art. 1770); la vía ante la AAIP es dudosa.

  1. Hoy: carta o mensaje con constancia al vecino y copia al administrador, pidiendo que la oriente hacia el interior de su unidad. Para el vecino, el palier no es un predio propio: es espacio de todos los propietarios (interpretación del art. 1, inc. c, del Anexo I).
  2. Si instaló algo fijo en una pared, puerta o techo común sin autorización: ninguna norma dice expresamente que una cámara sea una «obra nueva», pero si es fija y toca partes comunes lo prudente es tratarla como tal, con la mayoría del art. 2051 del CCyC. El administrador puede llevar el tema a la asamblea.
  3. Vía judicial: el art. 1770 del CCyC dice que «el que arbitrariamente se entromete en la vida ajena ... o perturba de cualquier modo su intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades», y el art. 2069 da al consorcio o a cualquier propietario afectado acción para hacer cesar una infracción a las prohibiciones del Código o del reglamento. Esto último depende de lo que diga tu reglamento; es el momento de consultar a un abogado.
  4. Ante la AAIP, con una duda de fondo: la Ley 25.326 (art. 1) y su reglamentación (Decreto 1558/01, Anexo I, art. 1) alcanzan a las bases de datos privadas que «exceden el uso exclusivamente personal», y la cámara de la puerta de un vecino puede quedar afuera; además, la supresión no procede si perjudica derechos o intereses legítimos de terceros o hay una obligación legal de conservar los datos (art. 16, inc. 5). Si igual querés intentarlo, pedile por escrito la supresión de tus imágenes (Ley 25.326, art. 16; Disp. 10/2015, art. 5): con la solicitud recibida y vencidos los cinco días hábiles, podés presentar la denuncia por TAD, sin que podamos asegurar que la AAIP la admita contra la cámara de un vecino.

07

Cómo se ve ordenado en un edificio

Ejemplo inventado: en un edificio de 24 unidades, el consejo propone cuatro cámaras para el hall y las cocheras. La asamblea las aprueba y fija que vean las imágenes el administrador y dos del consejo, solo ante un hecho concreto, con registro de cada consulta. El administrador pone el cartel, inscribe la base y guarda el manual.

Meses después, un propietario pide ver el video de una puerta forzada. El administrador no se lo muestra: lo deriva a la denuncia policial y conserva las imágenes para la autoridad. Otro propietario pide las imágenes en las que aparece él; el administrador responde por escrito dentro del plazo. Con la regla escrita en el acta, ninguna de las dos respuestas depende del criterio de una persona. Es un caso de ejemplo, no una situación real.

08

Dónde ayuda CONSO y dónde no

CONSO ayuda a convocar la asamblea que decide las cámaras y su regla de acceso, a computar la votación por unidades y por porcentual (art. 2060 del CCyC) y a dejar el resultado listo para el acta. No guarda ni muestra grabaciones, no inscribe bases de datos ni cámaras, y no redacta el manual: eso lo hace el responsable.

El detalle de la convocatoria, el padrón con coeficientes y el acta está en asambleas y actas en CONSO. El marco general de convivencia en consorcios de CABA está en el digesto de convivencia en consorcios de CABA.

09

Preguntas frecuentes

¿Es legal que solo el administrador y el consejo vean las grabaciones del consorcio?

Puede serlo, pero ninguna norma nacional lo dice: la Disposición 10/2015 no nombra quiénes pueden ver las imágenes. Exige medidas para evitar la consulta no autorizada y confidencialidad para quienes intervengan en el tratamiento (Anexo I, art. 4). Lo práctico es que la asamblea fije por escrito quién puede ver y en qué casos, y que figure en el acta y en el manual.

¿Quién puede ver las grabaciones de las cámaras del edificio?

Quien el consorcio autorice, con una regla escrita: la Disposición 10/2015 no define una lista. Cada persona autorizada queda alcanzada por la obligación de confidencialidad (Anexo I, art. 4). Un vecino puede pedir las imágenes en las que aparece él (derecho de acceso); no tiene un derecho general a ver todo el archivo.

¿Cómo pide un propietario ver una grabación?

Por escrito al administrador, y si no contesta, con una intimación fehaciente: el responsable debe dar la información dentro de los diez días corridos (Ley 25.326, art. 14, inc. 2). Alcanza a las imágenes en las que figura el solicitante, sin revelar datos de terceros (art. 15, inc. 2). Vencido el plazo se puede denunciar ante la AAIP por Trámites a Distancia o iniciar el hábeas data.

¿Qué tiene que hacer el consorcio cuando instala cámaras de seguridad?

Informar que hay cámaras con un cartel visible, inscribir la base de datos de las imágenes en el Registro Nacional de Bases de Datos con su manual, fijar el plazo de conservación y proteger el acceso (Disposición 10/2015, Anexo I, arts. 1, 3, 4, 6 y 7). En la Ciudad de Buenos Aires hay que sumar el RECAVIP si las cámaras captan el espacio público.

¿Cuánto tiempo hay que guardar las grabaciones de las cámaras del consorcio?

En la Ciudad de Buenos Aires, treinta días como mínimo si las cámaras toman imágenes del espacio público o de acceso público (Ley 5.688, art. 497). Fuera de ese caso, la Disposición 10/2015 no fija un número de días: obliga a determinar el tiempo útil de las imágenes, escribirlo en el manual y eliminarlas al vencer (Anexo I, arts. 3 y 7).

¿Quién tiene que inscribir las cámaras del consorcio en el RECAVIP?

Una persona humana responsable del establecimiento, salvo que las cámaras las monitoree una prestadora de seguridad privada: en ese caso la inscribe la prestadora al declarar el objetivo protegido. Es un trámite online y gratuito de la Ciudad de Buenos Aires, y el formulario incluye «consorcio» entre los tipos de establecimiento. La página no dice quién es esa persona en un consorcio y pide el CUIT o CUIL de una persona humana; una opción práctica, no una regla, es que sea el administrador.

¿Qué cámaras hay que registrar en el RECAVIP?

Solo las que captan, total o parcialmente, el acceso público o el espacio público. Se declara la cantidad de cámaras y si graban; no se piden datos técnicos. Quien agrega cámaras después debe declarar lo agregado, según la página oficial del trámite.

¿Qué hago si la cámara de un vecino apunta al pasillo o a mi puerta?

Pedile por escrito que la reoriente y avisá al administrador: la Disposición 10/2015 admite grabar el predio propio, pero no invadir el espacio de terceros salvo lo inevitable. Si no cede, la vía más firme es la judicial (CCyC, arts. 1770 y 2069); también podés pedir la supresión de tus imágenes y denunciar ante la AAIP, aunque la ley de datos personales puede no alcanzar a la cámara de un vecino (Decreto 1558/01, Anexo I, art. 1).

¿Puede el administrador dar datos de una unidad al abogado de un tercero sin orden judicial?

No para datos como la deuda, el teléfono o el email: la Ley 25.326 (art. 11, inc. 1) exige el consentimiento previo del titular y un fin ligado al interés legítimo de quien cede y de quien recibe, y el pedido de un abogado no lo reemplaza. Un listado limitado a nombre, DNI o CUIT, ocupación, nacimiento y domicilio entra, literalmente, en la excepción del art. 5, inc. 2, c) (art. 11, inc. 3, b), pero queda el deber de secreto del art. 10, inc. 1, que solo se releva «por resolución judicial» o por razones fundadas de seguridad pública, defensa nacional o salud pública (art. 10, inc. 2). Quien cede responde solidariamente por el cumplimiento (art. 11, inc. 4).

Asambleas y actasconvocatoria, votación y acta

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